El programa económico que está aplicando el Partido Popular, siguiendo los dictados del Banco Central Europeo y las directrices de la canciller Angela Merkel, constituye una agresión sin precedentes a los derechos básicos de los trabajadores del Estado español. Los brutales recortes en Sanidad y Educación, las subidas de los precios de servicios básicos como la luz y el gas, la reciente reforma laboral que destruye el Derecho del Trabajo y deja a los trabajadores a merced de los empresarios, todo ello está sumiendo en la pobreza y la desesperación a sectores cada vez más amplios de la sociedad española.
Como indican los informes de Cáritas, una organización católica nada sospechosa de izquierdismo, la pobreza no sólo se incrementa cuantitativamente, sino que también experimenta cambios cualitativos, afectando a sectores de las denominadas clases medias y a personas cada vez más jóvenes. La aplicación de una política económica neoliberal a ultranza que sólo persigue tranquilizar a los denominados “mercados” y reducir el déficit público está provocando un inmenso desastre social en nuestro país. Mientras la oligarquía acumula inmensos beneficios y el gobierno sigue inyectando dinero publico en el sector bancario, auténtico culpable de la crisis, los sectores populares ven reducida drásticamente su capacidad adquisitiva y las desigualdades sociales se agudizan.
La respuesta de los ciudadanos no se ha hecho esperar y, al igual que en otros países europeos, la protesta social se extiende en España. Manifestaciones masivas, huelgas y concentraciones forman ya parte del paisaje de nuestras ciudades. Ante una contestación creciente por parte de los ciudadanos, el gobierno responde incrementando la represión policial, violando frecuentemente los derechos civiles básicos reconocidos en la Constitución y difunde un discurso en el que pretende criminalizar a los ciudadanos que salen a la calle a defender una vida digna. Para el Partido Popular, los manifestantes son gente violenta, vándalos que atentan contra la democracia y la convivencia pacífica. Si se produce un incidente en una manifestación, causado en la mayoría de los casos por agentes provocadores, el gobierno lo convierte poco menos que en una acción terrorista.
Estamos de acuerdo en que hay mucha violencia, incluso podríamos afirmar que vivimos en un estado de excepción permanente, pero no son los ciudadanos los que la practican, sino quienes la padecen y la sufren. Violencia es desahuciar a una familia que, por estar en paro, no puede pagar la hipoteca; violencia es cerrar hospitales y despedir trabajadores de la Sanidad, porque esos recortes causarán muertes por falta de atención médica; violencia es destruir la enseñanza pública y subir las matrículas universitarias, porque a millones de jóvenes se les priva de formación, se les priva de futuro; violencia es una política económica que deja en el paro a 6 millones de personas; violencia criminal es empujar a la gente al suicidio ante la falta de perspectivas. Violencia terrorista es condenar a las jóvenes generaciones a vivir sin trabajo o con uno precario porque así lo han decidido unos empresarios cuyo único objetivo es aumentar la tasa de ganancia.
Los violentos son quienes han provocado una crisis económica debido a sus especulaciones inmobiliarias y bursátiles; violentos son los empresarios que defraudan sistemáticamente a la Hacienda Pública depositando sus beneficios en paraísos fiscales; violentos los que a través de extensas tramas de corrupción se enriquecen y sus delitos quedan impunes.
Esta es la verdadera y única violencia que existe en nuestro país, y cuando un gobierno decide actuar de esta forma, cuando decide emplear sistemáticamente la fuerza contra sus ciudadanos, éstos tienen derecho a la legítima defensa.
La oligarquía nos ha declarado una guerra cuyo objetivo es destruir todas las conquistas sociales obtenidas en los últimos doscientos años con un enorme sacrificio y mucha sangre derramada. Quieren llevarnos al siglo XIX, a las condiciones de vida y trabajo de los comienzos de la Revolución Industrial, pero no lo vamos a consentir. No nos resignamos, vamos a luchar y vamos a vencer, porque podemos salir de esta crisis, ser dueños de nuestro propio destino, tener sueños y hacerlos realidad. Hay una salida política que pasa por superar esta monarquía impuesta por el franquismo. Una monarquía que es la clave del entramado político-económico que nos está destruyendo. Para vivir con dignidad, para recuperar la soberanía nacional, para tener justicia y libertad, necesitamos la III REPÚBLICA.