Este es el primer 6-D que conmemoramos después de la agresión directa emprendida por el Gobierno de Zapatero contra las clases populares. Si desde el inicio de la crisis favoreció a los magnates del país, sobre todo bancos y grandes constructoras, fue en enero cuando puso en marcha medidas que suponían un ataque frontal a la mayoría trabajadora: aumento de la edad de jubilación a los 67 años y recorte, hasta 2013, del gasto público en 50.000 millones€. El Gobierno se instalaba abiertamente enfrente de los trabajadores.
Empezaba a poner en marcha el programa de la patronal y la oligarquía, de la UE y del FMI, contra las clases trabajadoras. En mayo, recortaba el salario de los empleados públicos (muchos mileuristas), violando sus propios acuerdos con los sindicatos, congelaba las pensiones de nuestros mayores y disminuía la inversión pública en 1.600 millones €.
En junio aprobaba la reforma laboral que facilita y hace gratis, prácticamente, el despido. El Parlamento de “Su Majestad” daba curso legal a estas medidas. La inmensa mayoría de los diputados legislaba, pues, en contra de los trabajadores. Por su parte, los gobiernos autonómicos aplicaban las mismas recetas de reducción del gasto público e implementaban las disposiciones derivadas de las políticas del gobierno central. Y todo en medio de una corrupción galopante de la “clase política”, corrupción que es inherente a ella y al Régimen a quien sirven.
El conflicto social abierto a principios de año no ha hecho más que aumentar. Expresión del mismo ha sido la Huelga General del 29-S, que supuso una respuesta contundente de los trabajadores contra las políticas del Gobierno. El Ejecutivo ha ratificado, posteriormente, la Reforma laboral y su política económica con nuevas agresiones: Presupuestos Generales del Estado, pensiones y negociación colectiva, que no harán más que echar leña al fuego de un conflicto que irá en aumento.
Nos enfrentamos a un bloque oligárquico que, más allá de aparentes discrepancias en su seno, tiene unos objetivos muy claros: cargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo, reforzar su control sobre la economía, atacar a las organizaciones sindicales que pueden organizar la resistencia contra sus planes y violentar cualquier criterio de control democrático.
El Estado ha inyectado más de 150.000 millones de euros para la oligarquía empresarial y financiera. Sin embargo, los pequeños empresarios no tienen crédito para mantener su negocio y los trabajadores ven continuamente recortados sus derechos sociales y laborales; el paro aumenta; se recorta gasto social; la sanidad, la educación, etc. se entregan a los grandes empresarios para mantener su negocio a costa de todos.
La lucha, pues, está objetiva y abiertamente planteada entre este bloque oligárquico y las distintas clases y sectores populares, que junto con nuestras organizaciones sociales y políticas debemos pelear unitariamente. Sólo así la lucha tendrá garantías de éxito. La UNIDAD debe tomar cuerpo en todos los terrenos. Es precisa la unificación de las luchas dispersas, sectoriales, concretas. Es precisa la unidad de la clase obrera; de todos los sectores populares. Es precisa la unidad sindical, por encima de rencillas y discrepancias, en defensa de los intereses de los trabajadores.
Es necesaria la unidad de todos los movimientos y fuerzas populares en un torrente único: forjar la Unidad Popular. Y es obligación de todos contribuir a este objetivo.
Mas la unidad popular se tiene que fraguar, al calor de los combates y luchas, en torno a un determinado programa: un programa antioligárquico, que lleve en su seno una política económica radicalmente distinta de la actual neoliberal, basada en la satisfacción de las necesidades de las personas y no en el lucro, pero que también plantee, con claridad y rotundidad, la superación de la Monarquía y la construcción de la III República. El Régimen monárquico y sus leyes, con la Constitución a la cabeza, impiden la aplicación de otra política económica guiada por criterios sociales.
Hoy, todas las fuerzas e instituciones de la monarquía continuista están puestas al servicio de los grandes capitalistas.
La política del régimen del borbón ataca los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad: obreros, asalariados, autónomos, pequeñios empresarios, estudiantes, pensionistas, inmigrantes… Se impone un nuevo marco político, realmente democrático, para una rápida salida de la crisis en beneficio de los sectores populares y que permita solucionar sus principales problemas: paro, vivienda, ruina de autónomos y pequeñas empresas, deterioro y privatización de la educación y la sanidad… Las elecciones del próximo mayo pueden ayudar a caminar juntos en esa dirección.
En ese espíritu de unidad, hacemos un llamamiento a la participación masiva y unitaria en las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT los próximos 15 y 18 de diciembre.
¡Contra las políticas neoliberales de los gobiernos!
¡No a la Constitución del 78! ¡Abajo la Monarquía!
¡Por la construcción de una alternativa política unitaria y republicana!