En los estertores de la dictadura franquista, cuando la lucha contra el régimen arreciaba y nuevos grupos sociales se incorporaban a la oposición, se hizo común entre algunos periodistas el empleo del término “búnker” para designar al sector inmovilista del franquismo. Se referían a los integrantes del aparato del Estado que defendían la continuidad de la dictadura sin necesidad de efectuar reformas o cambios una vez muerto el dictador. Las denominadas Leyes Fundamentales y el sucesor nombrado por Franco a título de rey –el hasta ese momento príncipe Juan Carlos– constituían el armazón legal e institucional que permitiría la supervivencia del sistema político. Y en cuanto a los opositores, el terror represivo los mantendría a raya. Nutridos grupos de militares, falangistas, procuradores en Cortes, policías, funcionarios y medios de comunicación integraban ese núcleo duro del fascismo español. Curiosamente, se hacía escasa referencia al bunker intelectual y académico que daba soporte ideológico a la dictadura.
La transición española, ese proceso histórico dirigido por la oligarquía, en el que se entremezclan la estafa, la traición, el vergonzante consenso y la claudicación de la izquierda oficial representadas por el PSOE y el PCE, dejó intacto el aparato estatal franquista. Jueces del Tribunal de Orden Público, torturadores de la Brigada Político-Social, funcionarios del Sindicato Vertical, militares que habían condenado a muerte a miles de personas en los siniestros consejos de guerra, todos siguieron en sus puestos, ascendiendo en el escalafón de sus respectivos cuerpos y, en el colmo de los despropósitos, su trayectoria fascista se convirtió en vitola democrática. Mientras los antifascistas eran olvidados, relegados y tratados como un estorbo que era necesario ocultar, a los criminales franquistas se les ensalzaba como adalides de la democracia.
Las operaciones de maquillaje político se pusieron a la orden del día, las camisas azules se guardaron en el baúl de los recuerdos y los brazos dejaron de levantarse para hacer el saludo fascista. Borrón y cuenta nueva. De procurador a diputado, de policía armada a policía nacional, de falangista a flamante político de la derecha civilizada. Pero de la misma forma que una operación de cirugía estética no elimina la edad y las arrugas afloran al cabo de un tiempo, las tinturas y afeites no borran la esencia, ni las actitudes ni la ideología del individuo fascista. Y en esta España de comienzos del siglo XXI, el fascismo aflora a cada paso, dejando perplejos y desconcertados a quienes desconocen el origen de nuestra peculiar democracia.
El último episodio de este fascismo redivivo son los contenidos del Diccionario Biográfico Español elaborado por la Real Academia de la Historia, donde se glorifica a Franco y se califica a Negrín de dictador. Una mezcla de asombro, indignación e incredulidad se manifiesta en gran parte de los ciudadanos, pero la explicación de lo ocurrido es extremadamente sencilla. Ese búnker del que hablaba la prensa en los años 1974 y 1975 nunca desapareció, pervive en multitud de instituciones, entre ellas la Real Academia de la Historia. Fortaleza inexpugnable de la historiografía más apolillada, la inmensa mayoría de los académicos defiende un modelo en el que las batallas y los reyes son los protagonistas absolutos del devenir histórico. Pierre Vilar, Braudel, Hobsbawm, Ángel Viñas, Tuñón de Lara, Soboul, o Maurice Dobb, en fin, todos los brillantes historiadores que durante el siglo XX han realizado aportaciones trascendentales a la Historia, han sido despreciados e ignorados por una Academia que considera marxista a cualquiera que hable de estructuras económicas y clases sociales.
La Real Academia de la Historia es un bastión de las tendencias más reaccionarias, dominada, con alguna excepción, por gente mediocre que define España como una “unidad de destino en lo universal”. ¿Qué se puede esperar de Luis Suárez, un ferviente admirador de Franco? Si a un apologista del fascismo se le encarga la biografía de un dirigente fascista, el resultado no puede escandalizarnos. Lo verdaderamente grave es que se financie con dinero público una institución que alberga en su seno a seudohistoriadores que enaltecen al mayor asesino de la historia de este país. Todo esto es posible porque en su momento no hubo una ruptura radical con el franquismo. Nunca se ha condenado de una manera tajante la dictadura franquista y buena prueba de ello es que los consejos de guerra no son considerados ilegales en la actual Ley de Memoria Histórica. Si los libros de texto contaran la historia real, si las jóvenes generaciones estudiaran que este país fue asaltado por unos militares fascistas que impusieron durante cerca de cuarenta años una dictadura terrorista, no tendríamos que soportar la desfachatez de Pío Moa o Jiménez Losantos acusando a los republicanos de ser los causantes de la guerra civil.
¿Qué se puede hacer con una Academia en la que algunos de sus miembros levitan y alcanzan éxtasis místicos cuando escuchan el nombre de Franco? Cerrarla, jubilar a sus miembros, retirar de la circulación ese Diccionario y destinar su presupuesto a financiar las investigaciones de los historiadores solventes. El dinero público no puede sufragar las actividades de una secta de trasnochados cuentistas cuyo conocimiento histórico no va en muchos casos más allá de la lista de los reyes godos. Y si en esa Academia quedara algo de dignidad, la junta directiva debería presentar la dimisión. Aunque será difícil que eso ocurra, porque en la entrevista que realiza el diario “El País” el 4 de junio de 2011 a Gonzalo Anes, Director de la Academia, éste responde a la pregunta sobre si Franco fue un dictador de una sorprendente manera: “tuvo varias épocas y actuó de manera distinta según las épocas. Hubo varios francos. Y ninguno de ellos me gustó. Como el periodista insiste –pero, ¿fue un dictador o no?–, el Director contesta con un “miren, estoy agotado y me tengo que ir”. (El País, 4 de junio de 2011. Págs.40-41). Sobran las palabras y los comentarios.