El capitalismo está lanzando una brutal ofensiva sobre las clases populares y trabajadoras, logrando que la deuda privada haya sido asumida de forma pública, e imponiendo planes de reestructuración a los estados endeudados que suponen un claro avance depredador de derechos y de empeoramiento de nuestra calidad de vida. La crisis es tomada como excusa para hacernos retroceder como sociedad a la explotación y miseria que creímos durante un tiempo haber dejado atrás, tras siglos de lucha y sacrificio. Existe un ataque brutal contra los servicios públicos (sanidad, cultura, educación…) por parte de los partidos del régimen, cuando aquéllos debieran ser uno de los bienes más preciados de cualquier sociedad. Cuanto se ganó con el sacrificio de generaciones, lo estamos perdiendo día a día a pasos agigantados. Hacen falta soluciones, pero -sobre todo- hacen falta ideas claras y voluntad política firme de defender los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, de esa mayoría de la población que está siendo sacrificada ante los altares del mercado.

Estamos viviendo un contexto de grave crisis económica del modelo capitalista a nivel mundial, que además en el caso concreto español coincide con una crisis del actual modelo social, político e institucional. Y es ahora, cuando más desacreditado está el modelo político existente, cuando los grandes partidos aprueban una ley por la que se exige a las organizaciones que quieran presentarse a las elecciones del 20-N, y que no tengan representación en las Cortes, que consigan el aval del 0,1% de los electores censados en la provincia por la que quieran presentarse. Esta medida pretende restringir aún más las opciones electorales y trata de impedir que surjan alternativas, obstaculizando que concurran a las elecciones organizaciones que supongan un giro a las políticas planteadas hasta ahora. Es esta una medida claramente antidemocrática, ideada para mantener la alternancia en el poder de los dos grandes partidos y afianzar aún más el bipartidismo. Es este un intento de volver a dejar “atado y bien atado” el sistema establecido. Un sistema que hace aguas y que persisten en mantener, aun cuando sus propios mecanismos se tambalean: no dudan en realizar por decreto reformas a su, hasta hace poco, sacrosanta Constitución, siempre que el objetivo sea, por supuesto, afianzar la defensa de sus intereses financieros.

Ante esta situación, es absolutamente necesario articular una respuesta popular que vaya más allá del planteamiento de respuestas de tipo económico-laboral, que siendo necesarias son insuficientes. Y no nos equivoquemos: no es la “clase política”, sino la política al servicio de una clase lo que se está convirtiendo en un serio problema y en una amenaza. No es un problema de crisis económica y de los etéreos “mercados”, es un problema político. Por eso, nos quieren hacer creer que la política es cosa de unos pocos, que no vale la pena implicarse. Nada más beneficioso para sus intereses que el declararnos apolíticos y el dejarles hacer. Todo lo contrario: tenemos el derecho y el deber (por lo mucho que nos jugamos como clase trabajadora y como pueblo) de reconstruir el espacio político, social e ideológico de las clases populares, de la izquierda. Partiendo desde la base, desde nuestra tradición y nuestra memoria, desde la experiencia de los errores y los aciertos de quienes han luchado antes, de quienes han estado ahí siempre y no se han rendido.

Para ello, es necesario un cambio global, es necesario un cambio de régimen político, ya que sin ese cambio no será posible poner fin a la ofensiva del neoliberalismo financiero. Y ese cambio global en España tiene un nombre: República. Necesitamos una ruptura democrática que rompa las cadenas que nos atan al pasado, a los intereses financieros de una casta instalada en el poder y que tiene sus orígenes en el franquismo.