Por eso, empezaré por el final: ante la injusticia, el hambre y la exclusión de los derechos humanos más elementales, no hay leyes que valgan… ni tribunal que las defienda. Las leyes -todas- son imperfectas, entre otras cosas, porque están hechas por el hombre, que es el ser más imperfecto que existe. Por ese motivo, la legalidad, “conjunto de las cosas prescritas por la ley”, es algo que cambia continuamente, dependiendo de la ideología del partido gobernante.

¿Acaso no fue legal el mandato de Hitler? ¿Acaso no fue legal las leyes que proscribían a los judíos? ¿Acaso no era legal el régimen de Franco? ¿Acaso no eran legales las leyes y las condenas a muerte con que este dictador machacó al pueblo español?

Sobre lo correcto, hay acepciones que lo definen como la cosa libre de errores o defecto, “conforme a las reglas o leyes”. O sea, más de lo mismo. De ahí la manida e hipócrita frase: lo políticamente correcto.

Lo único que puede interesar al ser humano como tal es lo realmente legítimo (“lo genuino, lo auténtico”) y lo cívico (“de la ciudad o de los ciudadanos o relativo a ellos”). El resto, el conjunto de normas, reglas, leyes y ordenamientos, serán válidas tan sólo siempre que protejan y velen por los ciudadanos; pero nunca al revés.

La actuación del SAT andaluz, con Gordillo como fiel exponente de lo que debiera defender toda persona honrada, decente y, sobre todo, que sea justa con sus congéneres, es el único argumento válido, legítimo y cívico. Todo lo demás, las críticas vertidas en su contra, simplemente son manifestadas por personas que no van más allá de lo que ven sus ojos, o cuyas entendederas andan bien cortas o, lo que es peor, comulgan con los credos que les hacen rezar los mal llamados gobernantes del pueblo español.

Es posible -pero eso me tiene sin cuidado, porque no entra en el fondo de la cuestión- que este acto del SAT busque el protagonismo, la demagogia, el populismo, la chabacanería (se les ha dicho de todo, ¿eh?), etc., etc. Me da igual. Eso no es lo importante. Lo importante es el desahucio y la exclusión civil y social de más de veinte millones de españoles que están en el umbral de la pobreza.

Por terminar, me gustaría -sí, me gustaría; nada de no desear ese mal para ciertos individuos- que esas personas tan “legales”, tan “objetivas”, tan “ciudadanas”, tan de “bendita y santa opinión”, tan “ellos jamás lo harían”, me gustaría, decía, y fervientemente, que esas gentes, al menos por unos cuantos meses, se vieran abocadas a la perentoriedad que viven millones de españoles y no tuvieran familia donde refugiarse. Con unos meses bastaría.

Veríamos su opinión entonces.

Gabriel Alcolea

Republicanos

Elche, 9 de agosto de 2012.